Medidas de fomento y agilización procesal del alquiler de viviendas
El Congreso de los Diputados, a través de su Comisión Delegada de Justicia, aprobó el pasado jueves 25 de junio un nuevo proyecto de ley, que se ha dado en llamar “de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y la eficiencia energética de los edificios“. Al margen de su interminable denominación, la principal novedad que nos aporta es el desahucio en un plazo n superior a 15 días y sin ulteriores trámites de todos aquellos inquilinos que no cumplan con el plazo acordado para el desalojo voluntario tras la sentencia judicial que proceda.
El proyecto de ley aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados hace solo unos días aglutina el proyecto de ley de fomento del alquiler de viviendas que ya aprobara el Ejecutivo de Madrid a finales del pasado año 2008 y la proposición de ley de CiU de modificación de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Civil para agilizar los procesos de desahucio. Esta norma habrá de continuar el normal procedimiento legislativo para proseguir su tramitándose en el Senado.
Una vez que pueda aprobarse la mencionada norma, los procedimientos de desahucio y de reclamación de las rentas de alquiler habrán de tramitarse mediante juicio de naturaleza verbal, lo que permitirá que cualquier Tribunal se encuentre en disposición para dictar sentencia en un plazo de tan solo cinco días cuando proceda el desahucio de los inquilinos de un piso. Eso si, el desalojo voluntario podría extenderse hasta un plazo de un año, al no establecerse ningún tipo de plazo máximo.
El proyecto de ley que, en la actualidad, se encuentra en pleno proceso de tramitación efectivamente supone alguna leve mejora en las condiciones que regulan los arrendamientos de viviendas, aunque mucho nos tememos que no vayan a representar la seguridad jurídica suficiente de cara a inspirar confianza en los propietarios y dinamizar el mercado de alquiler. Los legisladores no acaban de tener clara la necesidad del sector de la vivienda de contar con un mercado de alquileres equiparable al de nuestros vecinos de la Unión Europea, y tal inseguridad jurídica condiciona la voluntad de los propietarios a la hora de sacar al mercado sus viviendas vacías. Sin ofrecer confianza, seguridad y una buena fiscalidad a los propietarios de las viviendas, será siempre imposible que el parque de pisos en alquiler pueda extenderse hasta los niveles deseados para facilitar un mejor acceso a la vivienda y un más rápido ajuste del mercado residencial global.
